Carlos Bedoya / Mariátegui
14/05/11 Tras armar una gran campaña mediática, acusando a Gana Perú de querer apropiarse de los aportes de los trabajadores del Sistema Privado de Pensiones, causando el pánico entre la clase trabajadora, el poder financiero peruano que posee bancos, AFPs, aseguradoras y además controla el Ministerio de Economía y Finanzas, busca hoy blindar sus propios intereses con el cuento de proteger los aportes de los trabajadores.
El poder financiero compuesto por la cadena AFP–bancos–aseguradoras–depositarios de inversiones–calificadoras de riesgo, que tienen al hombre fuerte del Interbank, Ismael Benavides, como Ministro de Economía y Finanzas (MEF), están aprovechando el pánico causado por ellos mismos, en complicidad con los grandes medios de comunicación, para blindar sus intereses y seguir saqueando los bolsillos de los peruanos.
El gobierno ha presentado un proyecto de ley con tal objetivo, en lugar de que la opinión pública se centre en cuestionar cómo es que tenemos a un banquero dirigiendo el MEF, buscando proteger los intereses del grupo económico del cual es parte, y además que el Perú sea el único país en el que las AFP y los bancos pertenecen a los mismos grupos, evitando la competencia y permitiendo que los segundos y sus grupos empresariales conexos utilicen como les venga en gana los fondos que los trabajadores guardan para su vejez.
El proyecto de ley, en buena cuenta impide una urgente y necesaria reforma pensionaria que garantice el ingreso de los adultos mayores en el Perú, teniendo en cuenta que en la actualidad tenemos a más de un millón de ancianos sin ningún tipo de pensión y que en el mediano plazo esa cifra se multiplique.
Si bien es cierto Gana Perú apoya esta iniciativa en el extremo de afirmar que los aportes de los trabajadores son sagrados y para tal efecto ha dispuesto que su actual bancada en el Congreso le de luz verde, este proyecto de ley está pasando de contrabando junto con la intangibilidad de los aportes, la imposibilidad de hacer cambios pensionarios para el próximo gobierno. Mucho cuidado.
El blindaje
Es que el Proyecto de Ley Nº 4810/2011-PE, presentado por el ejecutivo el 4 de mayo al Congreso, que desarrolla el artículo 12º de la Constitución, no solo reafirma que los fondos de los trabajadores son intangibles, sino que anula la posibilidad de cualquier reforma integral del sistema pensionario al establecer en su artículo 4.2 que “El Estado garantiza la existencia del SPP sustentando en los aportes obligatorios que en forma periódica realizan los trabajadores afiliados a dicho sistema. Cualquier modificación que se realice en el futuro al régimen legal del SPP no debe afectar su sostenibilidad financiera”, es decir, impide un sistema solidario y universal que tenga al menos tres pilares.
El primero, no contributivo para todos; el segundo, contributivo bajo el sistema de capitalización colectiva o de reparto y obligatorio para los trabajadores; y el tercero, contributivo bajo el sistema de capitalización o ahorro individual y voluntario para los trabajadores que ganan más; de tal manera que se asegure pensión básica para todos, y lógicamente un mayor ingreso para quienes aportaron, y más beneficios aún para quienes aportaron más.
Y no nos dejemos engañar. Las reformas introducidas en los noventa por el Fujimorismo tuvieron como fin convertir la actividad previsional en un mero negocio, bajo la idea de que por culpa de los pensionistas teníamos déficit fiscal, sin tomar en cuenta la enorme deuda que el Estado tenía con los fondos de pensiones, y que buscaron liquidar al sistema de seguridad social.
Hoy vemos los resultados: poca cobertura, altas comisiones y abusos por parte de las AFP, que están articuladas con el resto del poder financiero local, y bajísimas pensiones. Además una Oficina Previsional (ONP) cuya productividad se basa en negar las pensiones.
Conflicto de intereses
Lo cierto es que en los más de 30 países de América Latina, solo 12 tienen AFPs, y solo en el Perú están completamente articuladas con los bancos, formando un oligopolio muy poderoso que busca impedir a toda costa la reforma pensionaria, pues afecta directamente sus intereses económicos.
Según el experto Jorge Bernedo, Ismael Benavides Ferreyros, al mismo tiempo de ser Ministro de Economía, es también, como banquero, un gran beneficiario de los depósitos y de las inversiones de las AFP y por eso quiere blindarlas.
Para Bernedo, en ningún país realmente demócrata se permitiría que un representante de un grupo de poder se instale en el Ministerio de Economía y Finanzas, sin contar que antes Benavides fue titular del pliego Agricultura siendo también exportador agrario. Esto es un delito de tráfico de influencias. Benavides debería ser denunciado y hasta ir preso en palabras del analista.
Jorge Bernedo señala que en Chile constituye un delito cualquier concertación o formación de una cadena de AFP–Banca–Seguros. Pues, “la idea del sistema privado original es generar una alta competencia entre AFPs por ver quien hace las mejores inversiones”.
Así, en Chile “se penaliza a las que tengan baja rentabilidad de manera que reintegren al fondo cuando son ineficientes e incluso son absorbidas si son muy ineficientes, pero lo central es que deben estar completamente desligadas de los depositarios de las inversiones pues así se protege los fondos de los afiliados, evitando que los dueños de las AFP ponga los aportes de los trabajadores en sus propios bolsillos y conveniencias, cubriendo pérdidas de sus empresas y diciendo después que así es el riesgo”.
Cero competencia
Asimismo, “deben estar desligadas de las compañías de Seguros, a las cuales deben trasladar el fondo de los pensionistas en su momento, de manera que las aseguradoras compitan. Desde luego está también prohibido el amarre AFP - Bancos, pues los bancos deben competir para recibir los depósitos y darles mayor rentabilidad. Igualmente, las calificadoras de riesgos son también independientes.”
Sin embargo, en el Perú, un mismo grupo económico es dueño de un Banco, de una AFP, y de una aseguradora. El ejemplo más palpable es el del Grupo Romero, que posee el Banco de Crédito, AFP Prima y Pacífico Seguros, teniendo una posición más que ventajosa sobre los fondos pensionarios. Y encima se les blinda para que nada sea modificado.
Es que en el Perú, la competencia entre las AFP y la rentabilidad de los fondos han sido completamente desnaturalizadas. El oligopolio bancario es dueño de todo el circuito y cubre sus propios déficits con el dinero de los aportantes, de manera que para ellos no hay crisis sino más bien ganancias con ese pretexto.
La rentabilidad del fondo de pensiones privado es mucho más baja que la de la bolsa de valores limeña (BVL). Anda por la mitad. Entonces, no se entiende por qué los expertos de las AFP no pueden simplemente poner en la bolsa de valores el fondo desde hace varios años. Lo que sucede es que invierten esos fondos en sus empresas y manejándoles a su antojo y sin ningún control, menos aún el de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
Y eso es lo que quiere blindar Benavides.
